n los últimos años, hemos leído con frecuencia noticias sobre la implementación de sanciones por parte de otros países contra el Gobierno de Venezuela, empresas e individuos vinculados con la situación del país. A pesar de que una empresa en Venezuela no esté formalmente incluida en alguna de estas sanciones internacionales, puede suceder que una transacción o contrato que realice se considere prohibido. En tal supuesto, si la empresa realiza dicha transacción, puede quedar sujeta a las consecuencias, entre las cuales se incluyen: suspensión de visa a dueños o directores, bloqueo de propiedades, multa y hasta prisión.