Ya en esta columna se ha escrito sobre el arbitraje y sus indudables beneficios. Hemos visto que el arbitraje es una institución jurídica derivada de métodos políticos de resolución de controversias entre comerciantes, mediante la cual un tercero ajeno a la estructura del Estado se constituye excepcionalmente en autoridad, por el consentimiento de las partes y en exclusión parcial de la jurisdicción estatal, para resolver de manera jurídicamente vinculante una controversia con la aplicación de normas o principios preexistentes. El arbitraje, además, no es excepcional ni inferior al Poder Judicial, aunque debe conservar ciertas propiedades que lo caracterizaron en su origen y que lo diferencian del funcionamiento del Poder Judicial, particularmente la flexibilidad en la valoración de las pruebas y en el método de razonamiento jurídico, pero sin faltar rigurosidad científica. Se ha visto, también, que los acuerdos de arbitraje deben ser interpretados de forma amplia y expansiva, tanto en sus aspectos subjetivos como en los materiales y que por acrecentar la separación del Poder Estatal, el arbitraje puede ser particularmente ideal para juzgar objetivamente la legalidad de los actos estatales.